El debate ha llegado al congreso. Por fin se ha puesto en el punto de mira al sector del autocaravaning y el mundo camper. Un paso de gigantes para los usuarios y las empresas de este sector que han visto la necesidad de equipararse a otros países de Europa en materia de regulación y ampliación de espacios dedicados a este tipo de vehículos tras el boom del pasado verano que ya venía sufriendo incrementos significativos estos últimos 5 años.

El grupo parlamentario socialista presentó en el congreso de los diputados una proposición de no ley para fomentar la creación de espacios específicos para autocaravanas y furgonetas camper para su debate en la comisión de transportes, movilidad y agenda urbana. Como he comentado varias veces en el blog, viajar en furgoneta camper se ha convertido en una de las opciones más seguras este año debido a la pandemia global que nos azota y esto se ha traducido en un incremento de nuevos usuarios que han descubierto una «nueva» modalidad de viaje. Como señalaba el presidente de ASEICAR en esta entrevista que realizamos su asociación estaba luchando con las administraciones para regular la legislación y ampliar el número de espacios dedicados a estos turismos y por fin parece que son escuchados.
La proposición de no ley consta de dos puntos:
1. Promover y fomentar, junto a los ayuntamientos y comunidades autónomas, la habilitación de espacios específicos para autocaravanas y furgonetas camper, como campings o aparcamientos en las principales infraestructuras viarias así como en los municipios y espacios naturales no restringidos.
2. Realizar un estudio para analizar a todos aquellos aspectos normativos relacionados con la movilidad en autocaravana con objeto de servir de guía y apoyo para los ayuntamientos y sus posibles regulaciones a través de ordenanzas, para no incurrir en algún tipo de discriminación con estos vehículos.

En la actualidad hay cerca de 950 áreas para caravanas y campers en nuestro país. Un número que empieza a ser relevante y que pone sobre la mesa el debate de la necesidad de una regulación legislativa para establecer el marco de actuación de un sector que, en unos años, alcanzará el nivel de aceptación social que el resto de países europeos.
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